Fuentes judiciales confirmaron esta noche a Télam que Videla deberá hacer frente a una acusación por 30 homicidios, 552 secuestros y 264 casos de torturas que tuvieron lugar en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Entre los hechos por los cuales Videla será sometido a juicio, se encuentra el secuestro del escritor Haroldo Conti; el homicidio de Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman; y delitos contra intelectuales como los cineastas Roberto Carri y Pablo Szir, y militantes políticos como Delia Bisutti y Raymundo Gleizer, entre otros.
Los informantes explicaron que estos centenares de hechos no formaron parte de la denominada "causa 13" por la que fueron juzgados los comandantes militares que dieron el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La medida tomada por Rafecas completa las anteriores elevaciones a juicio dispuestas en las megacausas vinculadas con los hechos que tuvieron lugar en los centros clandestinos "Atlético", "Banco" y "Olimpo", radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Dos y en la que actualmente se están llevando a cabo las audiencias de debate oral.
La causa referida a los hechos cometidos en "El Vesubio" está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Cuatro -que tiene previsto comenzar con las audiencias en el mes de marzo próximo-; y sobre el centro clandestino de represión "Automotores Orletti" la lleva el TOF1.
La elevación a juicio decretada por Rafecas también comprende a algunos de los hechos por los cuales fue recientemente condenado Jorge Carlos Olivera Róvere, quien ocupó el cargo de Jefe de la Subzona Capital Federal, así como los casos de personas que estuvieron clandestinamente alojadas en otros centros clandestinos de detención.
"El avance del proceso seguido en el país reafirma la voluntad del Estado argentino de someter a juicio a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar, y cancela la posibilidad de que se ventilen en el extranjero juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina", dijeron las fuentes.
En la misma causa y con relación a la investigación de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el Hospital Profesor Alejandro Posadas, Rafecas decretó la elevación a juicio de Juan Máximo Copteleza quien se desempeñó como personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina.
Durante su actividad en ese centro asistencial Copteleza se desempeñó como segundo jefe del grupo de tareas conocido como "SWAT", que "recibió su nombre a raíz de la violencia, autoritarismo y abuso de armas con que se dirigía dentro del hospital, sumiendo en un estado de terror a empleados y pacientes", dijeron las fuentes.
Este grupo cumplió funciones en el único centro clandestino de detención y tortura, llamado "El Chalet", que funcionó en un centro de salud pública, meses después de que el hospital fuera ocupado militarmente por fuerzas al mando del dictador Reynaldo Bignone.
En la resolución dictada por Rafecas se tuvo por probado que Copteleza cumplió funciones de guardia, dirigió los interrogatorios y las torturas a las que fueron sometidos médicos, enfermeras y otros empleados de ese nosocomio.
La testigo Gladys Cuervo recordó que Copeteleza le clavó un atizador en el pecho, mientras cantaba la marcha de San Lorenzo y gritaba "para los enemigos ni justicia"; que solía andar por el Hospital Posadas como dueño y señor, con armas largas y maltratando a los pacientes.
El juez también dispuso este miércoles el procesamiento de Miguel Ángel Almirón y Francisco Silvio Manzanares -ex integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires- por los hechos que tuvieron lugar en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, correspondiente a la Subzona 13 del Primer Cuerpo de Ejército.
En ese pronunciamiento, Rafecas tuvo por acreditada la existencia de un circuito represivo en dicha jurisdicción que comprometió el funcionamiento de diversos centros clandestinos de detención; entre ellos, la Comisaría Primera de Junín fue uno de los principales destinos dentro del circuito represivo instaurado en la subzona.
Al Comisario Inspector Miguel Ángel Almirón -quien al momento de los hechos se encontraba a cargo del Destacamento de Morse- se lo encontró responsable por la privación ilegal de la libertad agravada que damnificó a 15 personas y de los tormentos sufridos por 14 de ellas.
Las resoluciones dictadas este miércoles, se suman al auto de procesamiento que decretó el pasado 22 de diciembre respecto de Miguel Osvaldo Etchecolatz, Rubén Oscar Páez, Raúl Rolando Machuca y Julio César Argüello, vinculado al accionar represivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
En ese fallo Rafecas tuvo por probado que una comisión policial de la Brigada de Investigaciones de La Plata, integrada por los imputados Machuca y Argüello, llevó a cabo el día 24 de junio de 1977 un procedimiento en La Plata que culminó con el secuestro de María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero, quienes a la fecha permanecen desaparecidos.
Las fuentes recordaron que la detención de Favero y Álvarez "se inscribió en la persecución desatada por la policía bonaerense del grupo de estudiantes afiliados a la Juventud Universitaria Peronista, muchos de cuyos integrantes fueron mantenidos en ilegal cautiverio y sometidos a sesiones de torturas".
jueves, 31 de diciembre de 2009
LA OPOSICION RECHAZO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010
En la Sesión especial del 30 de Diciembre, los Concejales de San Miguel Alberto Novo y Susana Salto, de los partidos Coalición Cívica ARI y Unión por Todos respectivamente, presentaron un dictamen en mancomún rechazando con sólidos argumentos el proyecto de presupuesto 2010 presentado por la gestión De la Torre.
Entre los principales cuestionamientos al presupuesto se encuentran las “gravísimas delegaciones de facultades que el Concejo Deliberante le otorga al Intendente, que tiene su máxima expresión en la plena autorización a utilizar los recursos de los fondos afectados pudiendo desfinanciar cualquier programa. Estas delegaciones llegan hasta el absurdo de permitirle modificar mediante decretos, ordenanzas sancionadas por el cuerpo de concejales”. A este respecto el Concejal Alberto Novo de la Coalición Cívica ARI manifestó: “Sinceramente no comprendo por qué el Concejo Deliberante estaría dispuesto a cederle tantas facultades que son propias de este Cuerpo, por qué resignamos frente al Intendente, nuestra responsabilidad de legislar y representar a los ciudadanos de San Miguel”. Asimismo, el Concejal Novo destacó en su alocución las reiteradas violaciones que estas delegaciones de facultades tienen con la Ley Orgánica de las Municipalidades y con el Decreto provincial 2980/00 sobre Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM
Otro de los puntos controvertidos del presupuesto ha sido la programación anual de Bienes y contratación de servicios, en este sentido la Concejal Susana Salto del bloque Union por Todos manifestó “Este presupuesto no cumple con la normativa establecida por el RAFAM, ya que no se detalla con criterio la cantidad de bienes o insumos a adquirir y mucho menos criterioso son los precios que han ponderado por cada una de las adquisiciones. Así, vemos el caso de la Secretaria de Economía y Hacienda que programa la compra de impresoras HP 1006 a $3000 c/u, cuando las mismas tienen un valor de mercado de $600 aproximadamente. Otra de las compras presupuestadas que está al borde del ridículo es la asignación de $10.000 al Centro Materno Infantil de Mattaldi para la adquisición de banderas argentinas”.
El aumento de los gastos en publicidad en un 500%, la contratación de servicios de audio y sonido por valores exorbitantes, la compra de camionetas para patrullaje cuando las actuales no cumplen servicio completo debido a la falta de personal policial, la ausencia en la programación de bienes de ambulancias para el Hospital y los Centros de Salud en un presupuesto con adquisiciones sobredimensionadas, son también aspectos abordados en los considerandos del dictamen presentado.
Por último, los Concejales opositores afirmaron que “hasta aquí, el análisis del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2010, nos muestra con claridad la necesidad del Departamento Ejecutivo de asumir facultades que no le competen con el fin de manejar con la mayor discrecionalidad posible los fondos públicos, concentrando la toma de decisiones y el manejo de la información y sobredimensionando los requerimientos de compras y servicios, en muchos casos poco razonables. Rechazar este presupuesto no es negarle una herramienta de gobierno al Intendente, sino que es una forma de contribuir al mejor funcionamiento del gobierno municipal”.
Coalición Cívica San Miguel
Entre los principales cuestionamientos al presupuesto se encuentran las “gravísimas delegaciones de facultades que el Concejo Deliberante le otorga al Intendente, que tiene su máxima expresión en la plena autorización a utilizar los recursos de los fondos afectados pudiendo desfinanciar cualquier programa. Estas delegaciones llegan hasta el absurdo de permitirle modificar mediante decretos, ordenanzas sancionadas por el cuerpo de concejales”. A este respecto el Concejal Alberto Novo de la Coalición Cívica ARI manifestó: “Sinceramente no comprendo por qué el Concejo Deliberante estaría dispuesto a cederle tantas facultades que son propias de este Cuerpo, por qué resignamos frente al Intendente, nuestra responsabilidad de legislar y representar a los ciudadanos de San Miguel”. Asimismo, el Concejal Novo destacó en su alocución las reiteradas violaciones que estas delegaciones de facultades tienen con la Ley Orgánica de las Municipalidades y con el Decreto provincial 2980/00 sobre Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM
Otro de los puntos controvertidos del presupuesto ha sido la programación anual de Bienes y contratación de servicios, en este sentido la Concejal Susana Salto del bloque Union por Todos manifestó “Este presupuesto no cumple con la normativa establecida por el RAFAM, ya que no se detalla con criterio la cantidad de bienes o insumos a adquirir y mucho menos criterioso son los precios que han ponderado por cada una de las adquisiciones. Así, vemos el caso de la Secretaria de Economía y Hacienda que programa la compra de impresoras HP 1006 a $3000 c/u, cuando las mismas tienen un valor de mercado de $600 aproximadamente. Otra de las compras presupuestadas que está al borde del ridículo es la asignación de $10.000 al Centro Materno Infantil de Mattaldi para la adquisición de banderas argentinas”.
El aumento de los gastos en publicidad en un 500%, la contratación de servicios de audio y sonido por valores exorbitantes, la compra de camionetas para patrullaje cuando las actuales no cumplen servicio completo debido a la falta de personal policial, la ausencia en la programación de bienes de ambulancias para el Hospital y los Centros de Salud en un presupuesto con adquisiciones sobredimensionadas, son también aspectos abordados en los considerandos del dictamen presentado.
Por último, los Concejales opositores afirmaron que “hasta aquí, el análisis del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2010, nos muestra con claridad la necesidad del Departamento Ejecutivo de asumir facultades que no le competen con el fin de manejar con la mayor discrecionalidad posible los fondos públicos, concentrando la toma de decisiones y el manejo de la información y sobredimensionando los requerimientos de compras y servicios, en muchos casos poco razonables. Rechazar este presupuesto no es negarle una herramienta de gobierno al Intendente, sino que es una forma de contribuir al mejor funcionamiento del gobierno municipal”.
Coalición Cívica San Miguel
Enrique Tronceda se iría del CEAMSE
El concejal Enrique Tronceda dejará pronto su cargo en el CEAMSE. Esta situación no se debe a su asunción el último 10 de diciembre como edil en San Miguel, sino a una situación política que marca, una vez más, el distanciamiento entre el Intendente Joaquín De La Torre y el diputado Franco La Porta.
La salida de Tronceda se daría en los próximos días, pero según fuentes cercanas al concejal, este se negaría a presentar su renuncia al cargo de Director Suplente y espera que lo echen. La suerte parece echada. La situación responde a un acuerdo que arribó el Intendente con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires luego que el municipio se pusiera firme en su reclamo contra el CEAMSE semanas atrás. Entre las peticiones que la comuna pidió estuvo la de ocupar un lugar en el directorio del organismo. Si bien Tronceda es de San Miguel, su distanciamiento político con el jefe comunal De La Torre, y otros de la región como el caso de Cariglino de Malvinas Argentinas, lo pusieron en esta situación. Es más, un hombre muy cercano al intendente malvinense iría en el lugar de Tronceda.
Esta información no cayó bien en el entorno del Diputado La Porta que era quien había logrado ese lugar para el abogado penalista. Es más, cuentan que en la intimidad habría habido algún tipo de reproche. La Porta, en este caso, supo entender los manejos de la situación política.
Otro que habría manifestado su desagrado con el tema es Martín Tuma, concejal del PJ, a quien se lo había mencionado como el posible reemplazante de Tronceda. Pero a la luz de los hechos, esta posibilidad quedó lejos.
La salida de Tronceda se daría en los próximos días, pero según fuentes cercanas al concejal, este se negaría a presentar su renuncia al cargo de Director Suplente y espera que lo echen. La suerte parece echada. La situación responde a un acuerdo que arribó el Intendente con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires luego que el municipio se pusiera firme en su reclamo contra el CEAMSE semanas atrás. Entre las peticiones que la comuna pidió estuvo la de ocupar un lugar en el directorio del organismo. Si bien Tronceda es de San Miguel, su distanciamiento político con el jefe comunal De La Torre, y otros de la región como el caso de Cariglino de Malvinas Argentinas, lo pusieron en esta situación. Es más, un hombre muy cercano al intendente malvinense iría en el lugar de Tronceda.
Esta información no cayó bien en el entorno del Diputado La Porta que era quien había logrado ese lugar para el abogado penalista. Es más, cuentan que en la intimidad habría habido algún tipo de reproche. La Porta, en este caso, supo entender los manejos de la situación política.
Otro que habría manifestado su desagrado con el tema es Martín Tuma, concejal del PJ, a quien se lo había mencionado como el posible reemplazante de Tronceda. Pero a la luz de los hechos, esta posibilidad quedó lejos.
jueves, 24 de diciembre de 2009
Scioli promulgó la Ley de Internas Abiertas y vetó el aumento de los legisladores
El gobernador bonaerense promulgó la ley que implementa el sistema de elecciones internas, abiertas y obligatorias para la elección de candidatos y que establece que se deberán realizar en forma simultánea con los comicios nacionales.
A través de un decreto al que tuvo acceso Télam, el gobernador promulgó la ley de reforma política sancionada por la Legislatura aunque vetó el artículo que aumentaba el número de legisladores provinciales y que incorporaba 8 diputados y 4 senadores más a la Legislatura provincial.
La norma que será publicada en el Boletín Oficial establece que los partidos políticos deberán realizar internas abiertas, simultáneas y obligatorias y prohíbe las denominadas listas espejos o colectoras en la elección general.
Fija que la participación de los ciudadanos en las elecciones internas de los partidos es obligatoria, aunque crea un registro para aquellos que no quieran votar y que deberán expresar previamente esa voluntad.
Establece que quien se presenta como candidato para cualquier cargo en las elecciones primarias, solo podrá hacerlo por un partido político, agrupación municipal, federación o alianza transitoria electoral y para un solo cargo electivo y en una sola categoría.
Contempla también que quienes se presenten como precandidatos en las elecciones internas y no resulten electos no podrán ser candidatos en la elección general, y que en las elecciones primarias se deberá respetar la representación del cupo femenino.
Fija además que para participar de la interna partidaria la lista deberá conseguir el aval del 4 por mil del padrón general y que aquellos partidos que no superen en la interna el 1,5 por ciento de los votos positivos emitidos no podrán participar de la elección general.
La distribución de los cargos en los cuerpos colegiados tales como legisladores o concejales se determinará bajo el sistema DïHont, aunque se mantiene el sistema de cociente para la elección general.
La norma incluía además un artículo que establecía aumentar la cantidad de legisladores provinciales para incorporar 4 senadores más a los 46 existentes y 8 diputados que se sumarían a los 92 que actualmente tiene la Cámara.
Sin embargo, el gobernador vetó ese artículo por considerar que para implementar esa reforma "resulta conveniente y hasta necesario contar con datos demográficos actualizados, extremo únicamente verificable a través de la realización de un censo general".
En los fundamentos Scioli explicó que el último censo oficial nacional realizado en materia poblacional en la República Argentina se remonta al año 2001 "por lo que resulta aconsejable mantener el actual número de legisladores hasta tanto un nuevo censo permita obtener información fidedigna relacionada con la población de la provincia".
El gobernador vetó además una modificación que habían hecho los legisladores a los requisitos para ser diputado y senador provincial, en la que establecían que el candidato debía tener dos años de residencia inmediata anterior a la elección para los que no fueran nativos de la sección por la que se postulaban.
En los fundamentos, Scioli consideró que esa reforma "introduce requisitos adicionales a los establecidos por la Constitución Provincial para la postulación de candidatos a diputados y senadores".
A través de un decreto al que tuvo acceso Télam, el gobernador promulgó la ley de reforma política sancionada por la Legislatura aunque vetó el artículo que aumentaba el número de legisladores provinciales y que incorporaba 8 diputados y 4 senadores más a la Legislatura provincial.
La norma que será publicada en el Boletín Oficial establece que los partidos políticos deberán realizar internas abiertas, simultáneas y obligatorias y prohíbe las denominadas listas espejos o colectoras en la elección general.
Fija que la participación de los ciudadanos en las elecciones internas de los partidos es obligatoria, aunque crea un registro para aquellos que no quieran votar y que deberán expresar previamente esa voluntad.
Establece que quien se presenta como candidato para cualquier cargo en las elecciones primarias, solo podrá hacerlo por un partido político, agrupación municipal, federación o alianza transitoria electoral y para un solo cargo electivo y en una sola categoría.
Contempla también que quienes se presenten como precandidatos en las elecciones internas y no resulten electos no podrán ser candidatos en la elección general, y que en las elecciones primarias se deberá respetar la representación del cupo femenino.
Fija además que para participar de la interna partidaria la lista deberá conseguir el aval del 4 por mil del padrón general y que aquellos partidos que no superen en la interna el 1,5 por ciento de los votos positivos emitidos no podrán participar de la elección general.
La distribución de los cargos en los cuerpos colegiados tales como legisladores o concejales se determinará bajo el sistema DïHont, aunque se mantiene el sistema de cociente para la elección general.
La norma incluía además un artículo que establecía aumentar la cantidad de legisladores provinciales para incorporar 4 senadores más a los 46 existentes y 8 diputados que se sumarían a los 92 que actualmente tiene la Cámara.
Sin embargo, el gobernador vetó ese artículo por considerar que para implementar esa reforma "resulta conveniente y hasta necesario contar con datos demográficos actualizados, extremo únicamente verificable a través de la realización de un censo general".
En los fundamentos Scioli explicó que el último censo oficial nacional realizado en materia poblacional en la República Argentina se remonta al año 2001 "por lo que resulta aconsejable mantener el actual número de legisladores hasta tanto un nuevo censo permita obtener información fidedigna relacionada con la población de la provincia".
El gobernador vetó además una modificación que habían hecho los legisladores a los requisitos para ser diputado y senador provincial, en la que establecían que el candidato debía tener dos años de residencia inmediata anterior a la elección para los que no fueran nativos de la sección por la que se postulaban.
En los fundamentos, Scioli consideró que esa reforma "introduce requisitos adicionales a los establecidos por la Constitución Provincial para la postulación de candidatos a diputados y senadores".
domingo, 20 de diciembre de 2009
CONCEJALES ASUMEN DIRECCIONES
Los concejales mandato cumplido que estuvieron alineados a Joaquín de la Torre en estos últimos meses tuvieron su recompensa por sus acompañamientos a la gestión.
Casi todos los ediles salientes formarán parte de la Sub Secretaría de Desarrollo Humano y Social, en distintas direcciones.
Jorge Spitaliere asumió el 11 de diciembre la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, dependiente de la Subsecretaria que encabeza Fernando Inzaurraga.
Bajo la Dirección de Spilariere, Mónica Belssito tendrá a cargo el área de Asistencia Critica.
También, Ramón Galeano, del Frente Grande, desarrollará la función de asesor de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, con la responsabilidad de ser el nexo entre los ministerios de la gobernación bonaerense y el área social del municipio sanmiguelino.
Por su parte, Ricardo Aleksiejoner pasó a estar al frente de una asesoría sobre seguridad, directamente bajo la esfera del jefe comunal Joaquín de la Torre.
Por otro lado, la ex edil Elena Sanz espera la confirmación sobre un posible lugar en la Dirección de Cultura.
Casi todos los ediles salientes formarán parte de la Sub Secretaría de Desarrollo Humano y Social, en distintas direcciones.
Jorge Spitaliere asumió el 11 de diciembre la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, dependiente de la Subsecretaria que encabeza Fernando Inzaurraga.
Bajo la Dirección de Spilariere, Mónica Belssito tendrá a cargo el área de Asistencia Critica.
También, Ramón Galeano, del Frente Grande, desarrollará la función de asesor de la Dirección de Desarrollo Económico y Social, con la responsabilidad de ser el nexo entre los ministerios de la gobernación bonaerense y el área social del municipio sanmiguelino.
Por su parte, Ricardo Aleksiejoner pasó a estar al frente de una asesoría sobre seguridad, directamente bajo la esfera del jefe comunal Joaquín de la Torre.
Por otro lado, la ex edil Elena Sanz espera la confirmación sobre un posible lugar en la Dirección de Cultura.
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